Secretaría de Participación acerca servicios de instituciones públicas a pescadores

Por José Mejía | 29 de marzo de 2017

La Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, junto con la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) y CENDEPESCA, en el marco de los Diálogos Comunitarios, tuvo un encuentro con las comunidades que viven de la pesca y otros productos del mar de la Isla de Méndez, en el departamento de Usulután, para acercar información útil en sus actividades productivas y escuchar sus inquietudes.

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El espacio fue una oportunidad para dar a conocer la misión de las instituciones antes mencionadas y para que pueden utilizar sus servicios las comunidades que viven cerca del mar en dicha zona.

La AMP explicó que ellos son quienes regulan todo lo que tiene que ver con la navegación, con los buques mercantes, barcos, lanchas, canoas, yates, motos acuáticas, motores de lanchas, entre otros.

Ahora trabajan en función de los pescadores artesanales, que son una gran mayoría de población que se dedica a las actividades productivas del mar y a quienes hay que normar para la navegación.

También se les explicó que la AMP autoriza y agiliza los trámites de navegantes, marinos y pesqueros, trámites de embarcaciones artesanales, trámites de matrículas de lancha y motores.

Representantes de la Autoridad Marítima afirmaron que se ha hecho grandes esfuerzos para disminuir los tiempos de entrega de permisos en dos meses, ya que antes podían tardarse hasta año y medio.

También se promocionó entre la población pesquera el proyecto de formación y colocación de marinos mercantes que ha tenido buen suceso con 40 jóvenes que se han formado y ya están trabajando en compañías navieras españolas.

Explicaron que el proyecto nace en 2012 como oportunidad para que las personas trabajen en buques y se coordina la formación con la Fuerza Naval, en el departamento de La Unión y los requisitos son mínimos comparado con otras ofertas laborales. En este proyecto hay oportunidades para meseros, bartender, cocineros, camareros, masajistas, entre otras actividades y los compensaciones económicas van de los $900 a $1,600 con gastos de viajes, alojamiento y alimentación cubiertos.

“Ha sido tan exitoso el proyecto y el trabajo de los salvadoreños que han solicitado 1,500 marinos mercantes salvadoreños, debido a su buen desempeño”.

Luego de la formación, la AMP emite certificados y libretas de marinos que acredita internacionalmente como marino mercante para poder trabajar en los buques.

Por su parte, CENDEPESCA dio a conocer que su trabajo gira en torno a emitir permisos para pescar y poder explotar los recursos del mar. Para ordenar dicha actividad se debe carnetizar a los pescadores y también se coordina para respetar los tiempos de veda, producción y extracción de productos del mar.

Explicaron también costos de permisos y tiempos que duran las autorizaciones de pesca artesanal e individual.

Desde 2008 no se tenía veda de camarón, pero debido a la escasés del producto y mantener la producción, este año se tiene previsto un período de 42 días que no se podrá sacar camarón para darle oportunidad de que se reproduzca el marisco, debido a la sobreexplotación.

Por parte de la población, Adela del Cid del caserío Ceiba Doblada, expresó sus preocupaciones debido a la veda, ya que aseguró sus ingresos dependen mucho de la extracción de curiles, punches, camarones y tortugueros. Pidió en nombre de la población que si se les prohíbe la extracción de producto, se les dé alternativas de actividades económicas a la gente que vive de pescar camarón. También pidió un trato parejo tanto para los pescadores artesanales como a los industriales, porque a veces estos últimos no respetan las restricciones que impone CENDEPESCA, atentando también con la vida de las tortugas que llegan a la zona.

La subsecretaria de Participación, Lourdes Palacios, quien acompañó el diálogo comunitario, aseguró que este esfuerzo por acercar a las instituciones, sus servicios e información es parte del mandato del Presidente Sánchez Cerén de acercar y poner al servicio de la gente las distintas instituciones del Estado, y  que las propuestas y soluciones a los problemas sean resultado de mecanismos de participación ciudadana que permitan destinar recursos a las personas que más lo necesitan y a sectores productivos de la población.



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