UCA: El Salvador debe cambiar su modelo de crecimiento económico

Por José Mejía | 21 de agosto de 2017

El análisis socioeconómico realizado por la UCA del segundo semestre de 2016 en El Salvador señala en términos sencillos y generales que la eficiencia de la economía es muy débil y eso es una muestra de un sistema colapsado. “Si es una economía que se sostiene a base de la actividad privada, esta no está dando los frutos que se espera”, aseguró Mario Montesino, jefe del Departamento de Economía de la universidad jesuita.

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Según Montesino, muchas veces se enfoca el problema económico en las dificultades del Estado, pero asegura que “esta es una economía capitalista, no es una economía estatizada, socialista, no es una economía solidaria, sino una basada en la iniciativa (empresas) privada, en consecuencia ahí hay que enfocar las razones de lo que está pasando. No es el Estado el que está fallando”, aseguró el economista.

También señaló que la investigación no está proponiendo que se elimine el capitalismo, sino que se mejore, que sea más eficiente como el de Costa Rica, por ejemplo.

“Si los sectores privados no pueden dar respuesta y no están invirtiendo en el país pues debe haber una intervención del Estado y eso es importante para poder impulsar y hacer que nuestra economía despegue”, señaló Montesino.

Añadió que se observa en el país un problema con los empresarios que tienen muchos recursos y que tienen mayores ingresos y ganancias. Invitó a que, en lugar de oponerse a subir salarios, mejorar condiciones laborales, cumplir con sus obligaciones tributarias e invertir en paraísos fiscales “deberían reinvertir para potenciar las capacidades de los trabajadores y nuestro desarrollo”.

En el informe que la UCA presentó se observa el rendimiento económico del país del segundo semestre de 2016 con un El Salvador que sigue mostrando una incapacidad de absorción de su población trabajadora y además muestra una elevada precariedad que se expresa en la existencia de un 50% de la población ocupada en el sector informal, cerca de un tercio de la población subempleada, más de dos tercios de las personas ocupadas tienen cobertura del Seguro Social y aproximadamente 30% (30 de 100 personas) se ocupan por su propia cuenta.

También se ve en el estudio que los salarios que se pagan en el país siguen siendo insuficientes para asegurar a los trabajadores condiciones de vida adecuadas, a pesar del aumento al salario mínimo (6% para sector privado y 4% público) que se efectuó en el segundo semestre de 2016. “Esto favoreció la capacidad adquisitiva de los trabajadores por una reducción en los precios de la canasta básica”, señaló Montesinos.

Sobre el mercado de trabajo y salarios, el estudio señala que la masa salarial con respecto al sector de microempresas representa el 30% de las ventas totales, por lo que “es y fue injustificada la preocupación de la ANEP de que señalaba que un aumento a los salarios mínimos causaría el quiebre y cierre de empresas, y tendría impactos negativos en la microempresa. El impacto ha sido bastante pequeño y manejable”, valoró el académico.

Según la investigación, en cuanto al sector agropecuario la precariedad laboral se agudiza (según las encuestas de población) pese a que genera, en promedio, una quinta parte del empleo del país (1995-2015) proporción que, sin embargo, tiende a disminuir, incluso esta es superior a la ocupación en la industria manufacturera (que alcanza el 17%) y solo le rebasa el empleo generado en el sector comercio y servicios. Esta situación es el resultado del abandono por parte de las políticas neoliberales de la configuración de una estrategia de desarrollo para dicho sector.

Con este panorama en el sector laboral, el centro universitario propone como estrategia de crecimiento y desarrollo elevar los ingresos de los trabajadores y la capacidad de absorción del mercado de trabajo, abandonando las políticas neoliberales y realizar un proceso de redistribución de la parte del Producto Interno Bruto (PIB) destinada a remuneraciones y que se aumente en aproximadamente el doble de lo que es en la actualidad. Dicho proceso debe ser complementado con un aumento de la inversión social por parte del Estado en unos mil millones de dólares al año para generar un proceso de despegue del crecimiento.

Este señalamiento ya ha sido refutado en diversas ocasiones por los partidos de derecha y organizaciones como la ANEP y FUSADES, insistiendo por el contrario, que el Estado debe disminuir los gastos en programas sociales. De hecho, actualmente el bloque de derecha legislativo junto con medidas conjuntas de la Sala de lo Constitucional tienen un bloqueo económico al Ejecutivo que lo ha llevado a reducir su inversión social.

El informe económico de la UCA ha comprobado que la desigualdad ha aumentado en el país. La desigualdad es característica de una economía lucrativa, que requiere que precisamente se eleve por el excedente que la economía genera y queda en manos de las empresas privadas (que a su vez pertenecen a las familias más acaudaladas del país), elevando sus beneficios y estimulando la inversión.

El informe señala que el problema fundamental en una economía como la de El Salvador en cuanto a la desigualdad reside en que aumenta de forma sostenida sobre la base del deterioro de las condiciones de empleo e ingreso de los trabajadores del país y reduce el mercado laboral y vuelve ineficiente toda la economía y mientras esto no se revierta este fenómeno social no se reducirá sustancialmente.

La UCA sugiere que se debe cambiar el modelo de crecimiento económico basado en políticas neoliberales por un modelo que arranque de potenciar las capacidades humanas, elevar los ingresos, mejorar las condiciones humanas en el mercado laboral y una vez se tenga mejores niveles de recaudación, potenciar el papel del Estado para poder realizar el proceso de redistribución de la riqueza que es un proceso necesario en toda economía lucrativa como la nuestra.

“Porque los mercados son difíciles que distribuyan la riqueza eficientemente, por eso es necesaria la participación del Estado para que se pueda potenciar la economía”, aseguró Montesino.

Según las perspectivas de la UCA, la elevación de las condiciones de vida y las capacidades de la población trabajadora aumentarían la eficiencia e incrementaría los niveles de excedente en la economía, haciendo subir las tasas de ganancia de las empresas privadas y el nivel del PIB, hasta magnitudes comparables con las de países como Costa Rica, tanto en términos totales como per cápita, conllevando una mayor capacidad de absorción del mercado de trabajo, reduciendo el proceso migratorio incitado por la precariedad de los empleos y las bajas tasas salariales.



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