Según informe internacional
El país logra avanzar en el 57% de los indicadores evaluados y se ubica en la posición 98 de 140 países evaluados. El índice evalúa 12 áreas, de las cuales el país mejoró su desempeño en 7.
El secretario de Participacipación, Marcos Rodriguez, asistió y presidió el segundo diálogo destacando la importancia de institucionalizar este tipo de espacios que genera el gobierno. La Política de Participación del Órgano Ejecutivo estipula que las instituciones gubernamentales desarrollen los mecanismos y las formas para que los salvadoreños se involucren activamente en las decisiones de implementación de política pública, como una forma de corresponsabilidad de la sociedad.
Durante la Mesa de Diálogo los referentes institucionales informaron sobre los avances de los proyectos que la población del Puerto de la Libertad han demandado, entre estos el que tiene un mayor avance es la construcción de la Plaza Marinera, la renovación del sistema de tratamiento de aguas negras, así como la remodelación del muelle artesanal de ese municipio.
En mayo la policía organizó en Tonacatepeque un Foro de Consulta Ciudadana, donde los participantes expusieron las problemáticas existentes, en busca de ser escuchados por las autoridades y que estos contribuyeran en la resolución de los mismos.
La subsecretaria de Participación, Lourdes Palacios, dio la bienvenida a la apertura de la Mesa de Diálogo en Cuscatancingo, como un ejercicio nuevo de participación ciudadana en el municipio y que tiene por objetivo dar cumplimiento a la Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo y al Plan 10, que busca trabajar con las comunidades para dar respuestas ágiles a las distintas problemáticas sociales de los municipios.
Los artículos 138 y 183 de la Constitución de la República son claros en estipular que el presidente tiene que enviar la reforma de ley aprobada por la Asamblea y que superó el veto presidencial a la Corte Suprema; además, indica que solo la Sala de lo Constitucional es la que dirime si una reforma o nueva ley es constitucional.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, destacó que las atenciones brindadas a la población en el rubro de servicios funerarios y cementerios registran desde el año 2015 a la fecha un total de 1,057 casos, de los cuales 957 corresponden a servicios funerarios y 100 a cementerios, por lo que han decidido capacitar a los proveedores sobre los marcos jurídicos que protegen al consumidor y mejorar el servicio.
