El MARN elaborará un informe técnico que será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. La empresa Avícola Salvadoreña ya había sido denunciada por parte de la población en otras ocasiones debido a las descargas de aguas residuales sin tratamiento que provocaban olores nauseabundos en toda la zona.
En sesión de Corte Plena, los magistrados acordaron ampliar a 90 días el plazo que solicitó el expresidente del Banco Multisectorial de Inversión, Nicola Angelucci, para que presente la documentación necesaria y solventar las observaciones que la Sección de Probidad hizo a la declaración de patrimonio correspondiente al periodo de cuando fungió como titular de la referida institución bancaria. Hace un par de días, Angelucci fue condenado por el Tribunal Tercero de Sentencia a 10 años de prisión por corrupción en la administración de más de $6 millones de fondos públicos otorgados a INFOCENTROS.
Durante los últimos cinco años el gobierno a través del Ministerio de Salud ha invertido cerca de $500 millones solo en infraestructura y equipamiento del sistema de salud. El viceministro de Servicios en Salud Julio Robles Ticas reconoció que hace falta más inversión en este rubro.
El referido periódico publicó el pasado 6 de marzo una nota en el que vinculaba a Rivas y Serrano con la empresa Ventura Zarruk S. A. de C.V. (Construveza S. A. de C.V.), además de haber favorecido a la corporación AP & G Constructores S. A. de C.V. en el proceso de licitación para los proyectos de perforación de pozo y suministro de instalación de equipamiento electrónico en la planta de bombeo “Ana Guerra de Jesús”, en San Vicente.
Una vez conocido el fallo por el delito de peculado atribuido a Nicola Angelucci, expresidente del BMI y de la Asociación INFOCENTROS que lo condenó a 10 años de cárcel y devolver $6.1 millones como condena civil, el Tribuna Tercero de Sentencia consideró extraño que la Fiscalía haya enfilado la acusación sólo contra Angelucci, cuando las decisiones para sustraer fondos públicos eran avaladas por la Junta Directiva del BMI en conjunto, por lo que pidió investigar a dichos miembros que fueron parte de esa estructura entre 2002 y 2009.
La Asociación Infocentros, integrada por funcionarios y personas del sector privado, recibió un préstamo de $10 millones públicos tan solo cuatro meses después de su creación y por adjudicación directa. A pesar de construir menos de la mitad de ‘infocentros’ acordados, un arbitraje permitió a la Asociación Infocentros recibir el total de un crédito de $10 millones que no devolvió al Estado.Al cierre del proyecto quedaron 9 de los 100 Infocentros planificados y de los 40 que en algún momento se aperturaron. Hay distintas opiniones sobre el impacto y la ética del proyecto, así como del uso de los 10 millones de dinero público por entidades privadas.
En octubre de 2016, Transparencia Activa publicó una nota informando los nombres de las personas que integraban las juntas directivas del Banco Multisectorial de Inversiones y de INFOCENTROS, entidades involucradas en actos de corrupción en la administración de más de $6 millones de fondos públicos y que recientemente el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a 10 año de prisión a Nicola Angelucci, expresidente del Banco, por apropiación indebida de recursos. El Juzgado le sugirió a la Fiscalía acusar penalmente a los directivos de ese entonces.
Mientras que al exdirector de INFOCENTROS, Sigfredo Figueroa, fue absuelto de los cargos que se le imputaban. El Tribunal también sugirió a la Fiscalía General de la República investigar a los miembros de la junta directiva del Banco Multisectorial de Inversión por considerar que Angelucci no actuó solo. Este delito fue denunciado por el gobierno de turno en 2011 y es uno de los 156 presuntos casos de corrupción presentados ante el Ministerio Público, al igual que la construcción del exbulevar Diego de Holguín y el fondo FECEPE.
A pesar de la velocidad con que avanzan los casos de corrupción en el sistema de justicia, en El Salvador la institucionalidad está funcionando y trabajando, de ahí que el secretario Marcos Rodríguez asegure que en tan solo 10 años existan avances sustanciales en esta materia que deben profundizarse en el futuro.
Desde fines de 2018, México cuenta con una Fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo. La nueva legislación será fundamental para enfrentar una nueva etapa en la lucha contra la impunidad. El colectivo #FiscalíaQueSirva y otros sectores de la sociedad civil y academia, fueron actores clave para impulsar mecanismos de control y rendición de cuentas en la nueva institución.
