CIDH: Captura criminal de sistemas de justicia busca impunidad y amenaza derechos humanos

Por José Mejía | 18 de febrero de 2019

En el marco del 171 período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realizó una audiencia pública especial sobre corrupción y derechos humanos donde se analizó el rol de los sistemas de justicia en 7 países de América Latina, cada vez más afectados por lo que llaman “la gran corrupción”, un cáncer que, según los expertos, está debilitando y matando a las “frágiles democracias”.

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Cidh
171 período de sesiones de CIDH, 15 de febrero de 2019. (Foto: CIDH)

La exposición del estado de los sistemas de justicia se llevó a cabo el 15 de febrero del 2019, en la ciudad de Sucre, Bolivia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la cual diversas organizaciones y expertos de la sociedad civil latinoamericana expusieron ante este organismo sobre el rol que los sistemas nacionales de justicia han tenido y pueden tener frente al fenómeno de la corrupción, que se ha expandido drásticamente en varios países de América Latina.

Asimismo, en la audiencia se discutió cómo los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en especial, la garantía de la independencia judicial, pueden ser fortalecidos para ayudar a combatirla.

Uno de los patrones culturales que según los analistas ha debilitado los sistemas y aumentado los problemas estructurales de los distintos países es lo que se le conoce como “la gran corrupción” que ha “cooptado o capturado” amplios sectores de los Estados e instituciones nacionales.

Aseguran que al igual que los estándares de los derechos humanos, se han sofisticado también las estrategias de corrupción y los sistemas de justicia, en este sentido, son un instrumento clave del aparato estatal para el castigo o la impunidad de graves violaciones de derechos humanos o graves actos de corrupción.

La corrupción, afirman, ha alcanzado dimensiones exorbitantes y se ha introducido en la estructura de los Estados en casi la totalidad de países de América Latina. La debilidad institucional, la impunidad, y la falta de independencia de los sistemas de justicia, explican la ausencia de una respuesta estatal efectiva frente a la llamada "Gran Corrupción," en la que redes criminales de gran complejidad y amplia efectividad operativa, han logrado introducirse en el sistema político, y desde allí, han logrado controlar de manera total o parcial, a los sistemas de justicia, con el objetivo de asegurar la impunidad de sus actos criminales, en perjuicio del interés público y de los derechos y libertades fundamentales de amplios sectores de la población.

Observan desde hace tiempo -sea a través de gobiernos, grupos fácticos, poder económico, religioso o criminal o mafias judiciales- vienen cooptando y capturando ámbitos claves de los sistemas de justicia a través de diversos y complejos mecanismos que van mucho más allá de los sobornos: puerta giratoria entre entidad pública y privada, compra de jueces, árbitros o fiscales por parte del poder económico, tráfico de influencias en la designación de altas autoridades de justicia, manipulación de procesos de evaluación, designación o sanción, especial control de las máximas instancias judiciales, campañas de estigmatización, hostigamiento o remoción de jueces o fiscales honestos, y consecuente desprotección y vulnerabilidad de estos tanto a nivel nacional como internacional, nulos o escasos espacios de participación y fiscalización ciudadana de estos procesos, así como manipulación de los presupuestos judiciales, entre otras manifestaciones.

Mediante esta misma estrategia, que puede apreciarse con ciertos matices en casi toda la región, dice la CIDH, estas redes criminales integradas por operadores tanto públicos como privados, buscan capturar y mantener el control del Estado, usando el poder para apropiarse de los recursos públicos en beneficio propio.

Esta captura criminal de ámbitos clave de los sistemas de justicia en búsqueda de impunidad es sin duda un patrón estructural que denuncian las organizaciones civiles y una de las grandes amenazas que ven a los derechos humanos en el continente.

Insisten en que la falta de independencia y la debilidad institucional de los sistemas de justicia les impide detectar, investigar, perseguir y sancionar a quienes integran estructuras criminales organizadas, especialmente cuando forman parte de órganos políticos estatales.

Este fenómeno, ejemplifican que, es evidente en Honduras y El Salvador, donde investigaciones de corrupción han sido deficientes y prorrogadas, y con frecuencia, archivadas.

En países como en Venezuela y Guatemala, el poder político tiene una fuerte influencia sobre el sistema de justicia, y ha logrado impedir el avance de ciertas investigaciones, utilizando las facultades de destitución y antejuicio sobre jueces y fiscales independientes.

Por otro lado, en México y varios otros países, las altas autoridades de la justicia siguen siendo elegidas por mecanismos altamente políticos, lo cual desfavorece el nombramiento de autoridades independientes y capaces de enfrentar la corrupción.

En Perú, periodistas y fiscales encargados de investigar casos de corrupción son perseguidos, presionados y amenazados desde el mismo sistema de justicia, mientras que, en diversos países de la región, la CIDH ha tenido que otorgar medidas cautelares para proteger la vida e integridad de magistrados involucrados en la tramitación de casos de corrupción, como a los Fiscales Generales de Guatemala, El Salvador, y Venezuela.

Destacaron que lamentablemente en algunos países más que poderes judiciales se tiene “brazos judiciales del poder político o de poderes fácticos”.

 

A la vez precisaron que hay un creciente grupo de jueces y fiscales honestos y valientes que ahora están bregando por investigar y eventualmente castigar al poder que delinque, aunque inmediatamente son víctimas de hostigamiento o remoción de sus cargos por parte de las altas autoridades judiciales o los parlamentos.

Concluyeron señalando que son esperanzadoras las movilizaciones ciudadanas de rechazo a la corrupción y el papel clave que viene cumpliendo la prensa independiente en la develación de grandes escándalos de corrupción.