Decreto de austeridad suspende viajes de funcionarios y contrataciones en el Ejecutivo

Por Marcos Rodríguez | 11 de septiembre de 2014

La medida prohíbe los aumentos salariales, limita el uso de vehículos, regula la telefonía celular y suspende eventos sociales, según el documento firmado el pasado 2 de septiembre por el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. La Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia supervisará el cumplimiento en todas las instituciones que dependen del Órgano Ejecutivo.

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Decteto reformado

Entre las medidas que contempla el decreto de austeridad aprobado el pasado 2 de septiembre por el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, está la suspensión de los viajes al exterior de funcionarios del órgano Ejecutivo en los que el Estado deba cubrir gastos.

Esta medida aplica a ministros, viceministros, secretarios de la Presidencia y presidentes de autónomas como ANDA, ISSS, CEPA, entre otras. Podrán viajar los funcionarios que cumplan misiones estratégicas para el país con organismos internacionales como el Banco Mundial, Naciones Unidas y similares.

Se suspenden, además, los incrementos salariales y la creación de plazas así como la autorización de nombramientos y contratación de personal en plazas que se encuentren vacantes, excepto las de salud, educación y seguridad.

El decreto de austeridad prohíbe los bonos o complementos de especie y la utilización de fondos públicos para pagar alimentos, bebidas, refrigerios a empleados, que no sean café, agua, azúcar, agua purificada, excepto en las instituciones que proporcionan alimentos en centros de salud, centros penales e infantiles o entidades que por su característica lo requieren.

El documento detalla que no se podrán financiar con fondos públicos eventos sociales como el día de la secretaría, fiesta navideña, aniversarios institucionales, recepciones, canastas navideñas, artículos promocionales, regalos, vestimenta para uniformes deportivos, entre otros.

Los titulares de los ministerios y de las autónomas solo se les asignarán un vehículo, quienes podrán utilizarlo en horas laborales y guardarlo todos los días después de su uso. No se pueden dar carros a mandos medios o ejecutivos.

Se prohíbe la impresión de libros, revistas, boletines, agendas o cualquier publicación que no tenga relación con la función sustantiva de la entidad. Se deberá promover el uso de medios digitales para la difusión de publicaciones.

Se limitará el uso de teléfonos celulares y se asignará solo al personal que por su cargo lo requiera, de acuerdo a sus responsabilidades.  Deben limitar su consumo hasta un monto total de $30 mensuales, y el exceso será cubierto por el mismo funcionario o empleado.

Se deberá reducir “a lo estrictamente necesario” el personal de seguridad asignado a los funcionarios públicos, así como los vehículos y los gastos relacionados.

Se prohíbe la contratación de servicios de corredores de seguros. La administración y ejecución de las distintas pólizas deberá hacerse directamente entre la entidad y la aseguradora.

El decreto promueve un mecanismo de compra conjunta entre las instituciones en bienes de consumo o servicios estratégicos para ahorrar gastos en telecomunicaciones, papelería de oficina, agua embotellada, servicios de vigilancia, limpieza, entre otros.

La Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público 2014 será de aplicación obligatoria a partir de su publicación en el Diario Oficial en todas las dependencias del gobierno central e instituciones descentralizadas no empresariales, así como en las entidades y empresas estatales de carácter autónomo, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

También deberán cumplir con las disposiciones de la política de austeridad, los organismos que se costeen con fondos públicos o que reciban subvención del Estado.

El Ministerio de Hacienda pedirá informes periódicos a los titulares y responsables financieros de las instituciones con supervisión de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción.

El decreto exhorta a instituciones que manejan recurso del Estado como la Corte de Cuentas de la República, la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República a que se incorporen voluntariamente al esfuerzo del órgano Ejecutivo, implementando la política de ejecutar gastos con criterios de honradez, austeridad, eficiencia y transparencia.