Demanda colectiva contra suspensión del TPS permite extender beneficio

Por José Mejía | 04 de febrero de 2019

Xochilt Sánchez, ciudadana norteamericana que trabaja con CARECEN – LA, y es observadora internacional del proceso electoral salvadoreño hizo una actualización de las gestiones que están llevando a cabo diversas organizaciones sociales en Estados Unidos ante el Congreso para buscar una medida definitiva al tema migratorio de los compatriotas amparados en el TPS y que el presidente Trump decidió cancelar el año pasado.

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Xochilt
(Foto: José Mejía)

Sánchez es parte de la Alianza Nacional TPS y de la Red Nacional de Jornaleros en los Estados Unidos, acompaña a la delegación de observación electoral traída por el Comité en Solidaridad con El Pueblo de El Salvador (CISPES) y amplió que las organizaciones norteamericanas han presentado un litigio (una demanda colectiva federal) llamado “Ramos contra Nielsen” con la que han ganado una extensión temporal del “Estatus de Protección Temporal” (TPS, por sus siglas en inglés), para 4 países TPS: El Salvador, Haití, Sudán y Nicaragua, mientras continúa el litigio.

Lo que se ha ganado por medio de este litigio es extensión temporal de seis meses para los compatriotas amparados en el TPS. En el caso de El Salvador el TPS llega hasta septiembre de este año y llegado ese momento se aplicará la prórroga obtenida de 6 meses más o mientras dure el litigio.

Sin embargo, Sánchez explica que mientras dure ese proceso legal se podrá extender todo el tiempo que dure el permiso temporal hasta tener un fallo definitivo sobre el estatus migratorio de estas personas.

“Hemos ganado extensiones de seis meses para cada uno de estos países hasta que termine el litigio y se dé una decisión final de parte del juez. Si el litigio dura este año ganamos 12 meses, pero si termina en tres años habrá extensiones cada seis meses, y habremos ganado todo ese tiempo” que se podrá mantener el TPS, aseguró Sánchez.

Durante ese tiempo las organizaciones tienen una estrategia que busca una medida definitiva para el estatus migratorio solicitando una ley que dé residencia permanente a los “tepesianos”.

Sánchez considera que esta decisión de terminar el TPS no solo fue un ataque contra la comunidad salvadoreña en Estados Unidos, sino una medida del gobierno del presidente Donald Trump contra varios países que tienen TPS de Centroamérica, África y Medio Oriente, “donde los intereses norteamericanos sólo se centran en tener acceso a los recursos naturales y tener mano de obra de dichos países sin garantías en territorio estadounidense”.

Esta medida “es parte de la plataforma racista del presidente Trump que no tiene nada que ver con las relaciones bilaterales que existen entre El Salvador y los Estados Unidos”, sostiene Sánchez.

Según la abogada, “esta campaña de TPS por primera vez ha hecho crecer y ampliado un programa nacional que da muchas esperanzas a los inmigrantes ilegales de conseguir un estatus permanente y que ahora da la posibilidad de negociar en el Congreso, donde el Presidente Trump ha querido canjear extensiones para los programas TPS y DACA a cambio de fondos para el muro, sin embargo no se aceptó ese tipo de negociaciones que ponen en peligro a las poblaciones migrantes establecidas en el país del norte”.

Xóchilt Sánchez también reiteró que esta medida que pretende afectar a los compatriotas amparados en el TPS no tiene nada que ver con que el gobierno actual sea de izquierda y sostenga relaciones con países en disputa con los intereses de Estados Unidos.

“Es una gran mentira, porque han cortado el programa TPS para Haití, Nepal, Sudán, Nicaragua, Honduras y no solamente a El Salvador. El programa TPS beneficia a 13 países, pero por ejemplo lo han extendido para Siria y para Yemen, donde hay guerras activas y los Estados Unidos están involucrados en esas guerras, por lo que no se le puede negar descaradamente a esos ciudadanos el beneficio para sus migrantes y decirles que se regresen a sus países con guerras activas, pero sí se le puede decir a los haitianos, hondureños y salvadoreños que son países pobres, y que no están preparados para recibir a esa población que se regresen a su país de origen”, aseveró Sánchez.

Añadió que para que este tema se resuelva “en realidad la lucha se tiene que hacer desde las comunidades arraigadas en Estados Unidos, porque desde los países de origen se puede hacer gestiones y ser voceros de las mismas, ser un enlace importante, pero el trabajo es efectivo dialogando directamente con los congresistas estadounidenses” a quienes se les exponga el impacto de la suspensión de la medida y el beneficio de darles una solución permanente a los migrantes de los distintos países beneficiados con el TPS.