Después de expresidentes Saca y Funes, Corte Suprema no mueve casos relevantes: secretario de Transparencia

Por Redacción | 21 de marzo de 2019

El señalamiento surge luego de conocerse que la mayoría de magistrados de la Corte Suprema establecieran un máximo de 10 años para investigar a funcionarios por presunto enriquecimiento ilícito. El órgano de Estado solo ha avanzado en 11 casos de 435 en los que hay irregularidades en las declaraciones patrimoniales.

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La Corte Suprema de Justicia tiene 435 casos en los que las declaraciones patrimoniales de funcionarios hay irregularidades. (Foto: Transparencia Activa)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha informado, ni trabajado con celeridad para dirimir más casos de presunto enriquecimiento ilícito de la Sección de Probidad, luego de conocer los de los expresidentes de la República, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.

De hecho, la CSJ tiene una lista de 435 expedientes que debe trabajar, de los cuales, en solo tres años, ha procesado 11 y cuyo ritmo indica que resolvería todos en unos 40 años.

El secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, señaló que de se listado solo se le ha dado mayor relevancia al de los exmandatarios, pero no a otros en los que también hay señalamientos en sus declaraciones patrimoniales.

En esa lista están el del expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Nicola Angelucci -condenado recientemente por corrupción en la administración de más de $6 millones-, y el de la exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar que, según las actas de Corte Plena, hay inconsistencias en $1.4 millones en su patrimonio.

“Vieron los casos de Saca y de Funes y luego lo dejaron, hasta hoy se empieza a mover. Creo que el mensaje en concreto a los magistrados es que no alcanza si es o no constitucional, sino que deben valorar y explicar las consecuencias que tendrá en la sociedad salvadoreña”, señaló el funcionario durante el programa “Transparencia Al Aire”, transmitido por Radio La Klave, Radio Cuscatlán y varias emisoras comunitarias de todo el país que lo hacen de manera voluntaria y gratuita.

El secretario Rodríguez añadió que los magistrados deben razonar el efecto que tienen sus decisiones en la sociedad, ya que este órgano de Estado también está sujeta al escrutinio público y a análisis ciudadano sus decisiones.

“¿Quién juzga al juzgador, a quién le rinde cuentas?”, subrayó quien destacó que los funcionarios públicos, especialmente los de la Corte Suprema, no solo tienen que tomar decisiones apegadas a la ley, sino con criterio de justicia social.