El duro camino de las radios comunitarias en El Salvador

Por César Villalona | 05 de junio de 2013

La discusión sobre la democratización de los medios de comunicación en El Salvador obliga a hacer un recuento histórico de la lucha de las radios comunitarias y las desventajas que han tenido para ser incluidas en la distribución de las frecuencias del espectro electromagnético, mismo que por décadas ha sido repartido por el mecanismo de subasta, es decir bajo las reglas del mercado y no desde la visión de la comunicación como un derecho humano.

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[caption id="attachment_22478" align="aligncenter" width="600"] Cabina de transmisión de una de las radios que prestan servicio a su comunidad a través del 92.1 FM. Foto: Cortesía ARPAS

Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, varias comunidades de El Salvador se refugiaron por la guerra en campamentos de las Naciones Unidas en Honduras. Al retornar a sus sitios de origen, empezaron a crear radios como medios de comunicación, de información y sobre todo de participación ciudadana.

Así nacieron Radio Sumpul, en Guarjila, Chalatenango; Radio Victoria, en Santa Marta, Cabañas; Radio Izcanal, en Nueva Granada, Usulután, y algunas más en otras comunidades con la misma perspectiva de desarrollo comunitario.

Algunos empresarios privados cuestionaron la legalidad de estas radios, ya que el gobierno de entonces se había negado a otorgarles frecuencias.

Sin embargo, una comisión técnica de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)  -que administraba el espectro radioeléctrico y desapareció por la privatización de la telefonía en El Salvador- dijo que era posible otorgar varias frecuencias a las radios comunitarias e incluso plantearon alternativas técnicas para llevar a cabo dicho proyecto.

Una de las salidas propuestas era asignar un par de frecuencias de cobertura nacional y que se fragmentaran para que las radios pudieran funcionar y la otra era reducir el ancho de banda.

En este debate, intervino la Procuraduría de los Derechos Humanos, recomendando que el gobierno implementara los mecanismos técnicos necesarios y otorgara permisos a las radios comunitarias. El gobierno del ex presidente Alfredo Cristiani, ignoró ese recomendable y endureció más su postura negándoles las frecuencias y ordenando su cierre en 1993.

Tras la clausura de 20 radios, estas se agruparon en ARPAS (Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador) que surgió formalmente el 26 de febrero de 1994 y que gestionó fondos con la cooperación internacional para comprar una frecuencia a un empresario privado.

La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) conocía de las necesidades de ARPAS para conseguir una frecuencia, pero había girado instrucciones para negarse a cualquier negociación que permitiera darle vida a una radio comunitaria.

[caption id="attachment_22479" align="alignright" width="378"] Discusión sobre problemática local en una radio comunitaria. Foto: Cortesía ARPAS

Gracias al apoyo de 4 agencias de cooperación se logró reunir el dinero para la compra de una frecuencia en una subasta.

Una familia de apellido Ranh, propietaria de la Sociedad 92 y miembros de ASDER, un día recibió la llamada de unos inversores salvadoreños radicados en Estados Unidos interesados en crear una frecuencia juvenil. Al cabo de 3 reuniones, se acordó la compra del 92.1 del FM a un costo de 1 millón setecientos mil colones ($194, 285.71).

El mismo día que se hizo el pago y entrega del inmueble, se trasladaron algunos equipos a las nuevas instalaciones de la radio. Un miembro de la familia Ranh para verificar mejor a quién le habían vendido decidió seguir el pick up que llevaba los equipos radiofónicos. Su sorpresa fue enorme, el local era las instalaciones de ARPAS, el enemigo a quien no querían dar vida.

La frecuencia se fragmentó en pedacitos para abarcar todo el territorio nacional, donde hasta ahora conviven y subsisten las radios comunitarias, con los problemas de interferencias que eso implica, ya que las minifrecuencias deben tener una cobertura muy limitada para que todas se puedan escuchar en sus respectivos territorios. Pero esas diferencias se han logrado sobrellevar por dos décadas.

Ese mismo año Antonio Saca, ex Presidente de la República y dueño de uno de los principales consorcios radiofónicos que existen actualmente en el país, adquiría su primera señal en una gestión que duró sólo una semana.

En 1997, se aprobó la Ley de Telecomunicaciones -aún vigente- que en la práctica solo formalizó el proceso de privatización del espectro radioeléctrico ya que no reconoció a los medios comunitarios, ni medios públicos.

Nació en el contexto de la ola de privatizaciones de las empresas del Estado, durante el gobierno de Armando Calderón Sol, que además privatizó energía eléctrica, pensiones, telecomunicaciones, entre otros.

Esta ley considera al espectro radioeléctrico un bien privado para la explotación comercial y lo despoja de toda visión de bien público o patrimonio común como lo señala ahora UNESCO e igualmente la Constitución de la República.

El texto no expresa claramente que solo se permitan los medios privados con fines comerciales, pero en su visión da por hecho que todos los medios son de tipo comercial.

La segunda barrera de la ley para los medios comunitarios es que establece la subasta pública como único mecanismo para la adquirir una frecuencia. Esto ha permitido que solo grupos empresariales poderosos concentren la mayoría de frecuencias, mientras que radios comunitarias, organizaciones sociales y otros sectores sin fines de lucro nunca hayan tenido acceso a las mismas.