Este año finalizará tiempo para investigar por enriquecimiento ilícito a funcionarios de último gobierno de ARENA

Por Redacción | 15 de marzo de 2019

Con 11 de 15 votos, la Corte Plena estableció 10 años como tiempo máximo para investigar a funcionarios por presunto enriquecimiento ilícito. Con este criterio, quedan solo dos meses y medio para investigar presuntas irregularidades en el aumento de patrimonio de los funcionarios del último gobierno de ARENA.

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La Corte Pleno, de la Corte Suprema de Justicia, acordó establecer la prescripción de los 10 años.

La Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acordó con 11 votos de los 15 magistrados del órgano de Estado, que el tiempo para investigar a los funcionarios por presunto enriquecimiento ilícito será hasta 10 años después de haber cesado sus funciones, es decir, que este 2019 finalizará el tiempo para que se indague a los titulares del último gobierno de ARENA, que finalizaron sus funciones el 31 de mayo de 2009.

Según el acta de sesión de Corte Plena del 31 de enero de 2019, la decisión se tomó luego de conocer el documento denominado “Extracto de la discusión de la Comisión de Ética y Probidad”, con el que se elaborarían criterios para el trabajo de la CSJ en torno a la investigación patrimonial de funcionarios, tomando en consideración lo estipulado en el artículo 240 de la Constitución. (DESCARGUE EL ACTA)

El referido documento fue elaborado por el magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Ramírez Murcia, quien no votó para establecer los 10 años como límite de tiempo de la prescripción, pues, en su voto razonado, argumenta que “aplicar la prescripción sin excepciones constituye una decisión antijurídica, porque el derecho es dinámico y por ello debe aplicarse sin excepciones”.

La parte final del artículo 240 de la Carta Magna establece que: “Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse (iniciarse) dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento”.

El magistrado Ramírez Murcia, antes de la votación del Pleno, ejemplificó que la prescripción no aplica “cuando exista un proceso pendiente en la Corte Suprema de Justicia y este no se haya resuelto, o bien que un ciudadano por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública demande conocer la situación financiera del funcionario”.

Posterior a la votación de Corte Plena, el mismo magistrado Ramírez Murcia expresó: “lo entendido es que se deben presentar ante Corte los casos que estén próximos a prescribir y que los ya prescritos se analizarán posteriormente para que Corte resuelva lo procedente”.

En el debate, la magistrada de la Sala de lo Penal, Doris Rivas Galindo, valoró que: “es la Corte quien pude señalar que puede prescribir los casos; hay casos que se encuentran con indicios y la Corte no puede incurrir en omisión, debe investigar y eso no es hacerle el trabajo a la Fiscalía; este tema no es de interés privado es de interés público, el interés individual no puede primar sobre el interés público; de manera que no se puede dejar de informar oportunamente a la Fiscalía General de la República”.

En el acta existió un fuerte debate entre los titulares de las Corte Suprema sobre el tiempo de la prescripción, sin embargo, los magistrados que votaron por este criterio fueron: de la Sala de lo Constitucional, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Aldo Cáder Camilot, Óscar Pineda Navas, Marina Marenco de Torrento; de la Sala de lo Civil, Oscar López Jerez, Roberto Calderón Escobar, Ovidio Bonilla Flores; de la Sala de lo Penal, José Argueta Manzano; y, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sergio Rivera Márquez, Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, Elsy Dueña Lovos.

Quienes no votaron fueron: de la Sala de lo Constitucional, Sergio Avilés Velásquez; de la Sala de lo Penal, Doris Rivas Galindo. Quienes razonaron su voto fueron: de la Sala lo Penal, Leonardo Ramírez Murcia; de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Paula Patricia Velásquez.