Gobierno se ha solidarizado y trabajado con todas las familias de El Espino desde que Sala ordenó su desalojo

Por Redacción | 17 de mayo de 2018

Después de agotadas las instancias legales en los tribunales por parte de las familias de comunidad El Espino y ante el desalojo ordenado por la Sala de lo Constitucional, el gobierno reitera el programa de apoyo económico destinado a ellos, a través de las instituciones del sector vivienda.

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El gobierno de El Salvador se ha solidarizado y ha trabajado de la mano con las 76 familias de la comunidad El Espino afectadas por el proceso de desalojo ordenado por la Sala de lo Constitucional.

El viceministro de Vivienda, Roberto Góchez, informó ayer en su cuenta de Twitter que el Ejecutivo cumplió con la sentencia de la Sala y la propuesta de solución para los afectados fue avalada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos.

Destacó la disposición del gobierno en brindar una solución digna ante un conflicto entre privados.

El gobierno ha estado en permanente comunicación y mostrado una disposición positiva y sensible ante el proceso de desalojo que enfrentan las familias de la comunidad El Espino y ha destinado $764,000, los cuales se distribuirán en dos tipos de cheques: uno por $12,000 para las familias que no cuenten con ningún inmueble fuera de la finca El Espino; y, otro, por $4,000 para quienes se les comprobó que poseen alguna propiedad.

En diciembre de 2016, los magistrados de la Sala de lo Constitucional confirmaron la orden de desalojo solicitada por la familia Dueñas contra las familias que viven en la comunidad El Espino.

En julio de 2014, la familia Dueñas Herrera interpuso una demanda contra la comunidad El Espino, bajo el cargo de usurpar terrenos privados que forman parte de sus propiedades. Después de pasar por las instancias judiciales, el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán resolvió que las familias debían desalojar la propiedad.

Un grupo de 18 afectados de la comunidad interpusieron un amparo ante la Sala de lo Constitucional para detener estas acciones. El amparo fue admitido y el desalojo fue suspendido como medida cautelar. Los solicitantes del amparo argumentaron que se emitió una sentencia en la cual los declaraban invasores, pero no fueron incluidos en el proceso y nunca tuvieron posibilidad de defenderse y ser escuchados.

El 9 de febrero de 2017, la Sala de lo Constitucional resolvió que los habitantes de la comunidad debían ser desalojados dentro de un plazo máximo de seis meses. El fallo además trasladó la responsabilidad de reubicar a las familias al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, y que actualmente el Gobierno cumple con la responsabilidad y con el compromiso de atender a las familias afectadas.