Infocentros, millones perdidos y leyes a la medida

Por Redacción | 13 de marzo de 2019

La Asociación Infocentros, integrada por funcionarios y personas del sector privado, recibió un préstamo de $10 millones públicos tan solo cuatro meses después de su creación y por adjudicación directa. A pesar de construir menos de la mitad de ‘infocentros’ acordados, un arbitraje permitió a la Asociación Infocentros recibir el total de un crédito de $10 millones que no devolvió al Estado.Al cierre del proyecto quedaron 9 de los 100 Infocentros planificados y de los 40 que en algún momento se aperturaron. Hay distintas opiniones sobre el impacto y la ética del proyecto, así como del uso de los 10 millones de dinero público por entidades privadas.

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Infocentros
Publicara originalmente en 4 de marzo de 2013

Entre 1999 y 2009 aparecieron en El Salvador los llamados ‘Infocentros’, que aparentemente servirían para que la población conociese las bondades de Internet. Menos conocido es que los responsables del proyecto recibieron un préstamo de 10 millones de dólares públicos de lo obtenido con la privatización de ANTEL, que nunca devolvieron al Estado.

Dos años después de la privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), se creó en mayo de 1999 el Fondo Especial de los recursos provenientes de la privatización de la empresa. Con él se pretendía financiar diversas áreas de actividades, entre las que destacan los Centros Comunales de Información, cuyo objetivo era facilitar el acceso a la informática mediante “la construcción, establecimiento y gestión de Centros Comunitarios de Información en todo el país”.

Apenas 4 meses antes de la creación de este Fondo (que incluía $10 millones), se constituye la Asociación Infocentros, privada, “sin ánimo de lucro”, y formada por representantes del sector privado y un buen número de funcionarios.

El Consejo de Administración del Fondo, coordinado por Juan José Daboub, designó un comité consultivo integrado por 5 funcionarios y 2 miembros de FUSADES para establecer quién ejecutaría el proyecto. Decidieron que la Asociación Infocentros era la única entidad adecuada en todo el país y recomendaron su contratación para poner en marcha los mencionados centros.

¿Cómo logra un contrato de esa envergadura una asociación con apenas cuatro meses de vida? Se presupone que cualquier organismo que gestione 10 millones de dólares públicos habría tenido que demostrar su capacidad para administrar dicha cantidad. Infocentros no necesitó ni siquiera participar en una licitación o concurso público porque se les adjudicó el proyecto directamente.

Sorprendentemente, demostrar la capacidad económica no era uno de los criterios de selección requeridos por el Fondo. De haberlo sido, Infocentros jamás habría resultado asignada, puesto que a finales de 1999 era insolvente. Su fondo patrimonial sumaba 186.74 dólares, según recoge un informe del Departamento de Auditoría Interna elaborado por el Banco Central de Reserva.

Tampoco la falta de experiencia fue un problema. La asociación se excusó afirmando que habían transferido conocimientos del proyecto “Conectándonos al futuro”, y que recibían asesoría de la Red Científica Peruana (RCP) Internet-Perú, a la que desembolsaron 1,650,000 dólares por una consultoría. Según un informe posterior, ese monto fue “realmente desproporcionado respecto a los costos normales”. Se habla incluso de “un extracosto de más de un millón de dólares”.

Así, el Fondo y la Asociación Infocentros firmaron un contrato por la que ésta recibiría un préstamo de $10 millones, al 0% de interés y con un período de gracia de tres años. A cambio, la organización se comprometía a instaurar una red de 100 centros comunales (conocidos popularmente como ‘infocentros’). Durante los años posteriores, apenas se superaron los 40 infocentros y para 2009, solo quedaban 9 instalados. La asociación recibió $10 millones… y algunos más.
 

Los conflictos de intereses

Algunas personas parecen tener el don de la ubicuidad: controlan desde organismos públicos los fondos que reciben las entidades privadas en que ellos participan. Esta práctica no fue ajena a Infocentros.

Sirva como ejemplo de la delgada línea entre lo público y privado la Sra. Yolanda Mayora de Gavidia, exministra de Economía durante el gobierno de Elías Antonio Saca, que se desempeñó como fundadora y miembro de la Junta Directiva de Infocentros, algo que no impidió su participación por un tiempo en la dirección del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), clave en el futuro de Infocentros.

Otros socios fundadores que también pasaron por la política fueron María Cecilia Gallardo de Cano, ministra de Educación en el gobierno de Armando Calderón Sol o Mirna Graciela Liévano de la Torre de Marques, exministra de Planificación de la Administración en la época de Alfredo Cristiani, entre otros.

En marzo de 1999, una reestructuración convirtió a Nicola Ernesto Angelucci Silva en presidente de Infocentros, incumpliendo aparentemente los estatutos de la asociación, que establecen que la Junta Directiva solo podría estar constituida por miembros fundadores. Él no lo era, aunque allí se sintiera como en casa. Al fin y al cabo, la sede de la asociación se ubicó en un inmueble que pertenecía a su propia madre. El arrendamiento se formalizó en julio de 1999 por 90 mil dólares para 3 años, a razón de $2,500 dólares al mes. Además, se emplearon $91,171.80 del proyecto para mejoras del local, cuyo alquiler se mantuvo varios años más.

Pero no terminan aquí los posibles conflictos de intereses de Nicola Angelucci. En el año 2000, pasaría no solo a presidir la asociación, sino también el mencionado BMI. A mediados de 2002 el Fondo había desembolsado $9 millones (90% del préstamo), pero solo existían 35 infocentros de los 100 comprometidos.

La asociación no cumplía sus metas, pero se embarcaba en otros proyectos que le reportaban pérdidas. El BMI transfirió a Infocentros más de $4 millones hasta 2009, a través de convenios de prestación de servicios. El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, después de su reforma, impide adquirir servicios donde empleados o funcionarios de la entidad forman parte de la Junta del oferente.

 

El incumplimiento de metas 

Para mediados de 2002, se hacía evidente el incumplimiento de las metas acordadas en el contrato firmado por la Asociación Infocentros y el Fondo especial de los recursos provenientes de la privatización de Antel para la puesta en marcha de 100 centros comunales de información (más conocidos como ‘infocentros’).

Independientemente de esto, los fondos no eran suficientes, y el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) entregó más de 4 millones de dólares a la asociación hasta 2009 en concepto de prestación de servicios para que diera en los infocentros información de los servicios del BMI con recibos simples. El hecho de que el presidente de Infocentros y del BMI fuese la misma persona, Nicola Angelucci, facilitó este tipo de operaciones y levantó sospechas acerca de un posible conflicto de intereses.

Según el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), “no se permite adquirir servicios donde empleados o funcionarios de la entidad forman parte de la Junta del oferente”.

La Lacap entró en vigencia en abril del 2000, pero se operó de esa forma hasta el año 2009. También aportaron fondos al programa en concepto de publicidad y por valor de $50,000 el Ministerio de Economía (MINEC) y la Comisión Nacional de la micro y pequeña empresa (CONAMYPE), entre otras entidades.

Pero en vez de construir el 65% de los infocentros pendientes, la asociación se embarcó en proyectos que le reportaban pérdidas: el portal Job Shark o Centro de Oportunidades Laborales, el Instituto Latinoamericano de Tecnología en Informática y un centro de producción y transmisión, dando aportes que no estaban estipulados en el contrato para el uso del dinero del Fondo.

En diciembre de 2002, El Diario de Hoy informaba de quiebra técnica en la asociación, pero ante la falta de dinero, el BMI otorgó en 2003 a la asociación un millón de dólares a través del Fideicomiso para Desarrollo del Sistema de Garantías Recíprocas (FDSGR). Esto a pesar de que al BMI se le facultó para "constituir, administrar y/o participar" en fideicomisos solo a partir de una reforma en 2008.

En el 2003, el Fondo contrató una consultoría colombiana para evaluar el proyecto. Ésta señaló incumplimientos y recomendaciones que no se implementaron, como por ejemplo que  se hiciera una auditoría contable-financiera.

 

Un extraño proceso de arbitraje

Por aquellas fechas debería haber comenzado a devolver el préstamo al Fondo, de acuerdo con las condiciones pactadas. De hecho, el 15 de octubre de 2003, tendría que estar abonado el primer pago por valor de $769,230.77. Sin embargo, la asociación no había pagado cantidad alguna e incluso se había “negado a cancelarla”, como haría más tarde en repetidas ocasiones. A pesar de que en aquel momento había apenas 40 infocentros de los 100 acordados.

Ante la falta de pago del préstamo, se inició un proceso de arbitraje, cuyo resultado fue que condonaba la deuda, y le exigía que completara al menos 45 infocentros.

El contrato inicial establecía que en caso de arbitraje, éste se realizaría en Miami, Estado de Florida, Estados Unidos, y que “las partes se someterán expresamente a cumplir el laudo arbitral sin excusa alguna”. Sin embargo, se resolvió hacerlo en El Salvador con el pretexto de que los costos serían menores.

Parecía inviable la implantación de los 60 infocentros restantes y se resolvió un acuerdo “en cuanto al cumplimiento de metas”. Siguió el procedimiento arbitral, pero sorprendentemente “las partes renunciaron voluntariamente a la etapa de pruebas así como a la de alegatos”. ¿Por qué hacerlo así?

La asociación aseguró que había efectuado gastos e inversiones que, por su valor social, iban más allá del monto del préstamo concedido y que era el Fondo quien le adeudaba varios millones de dólares.

El Tribunal compuesto por José Albino Tinetti, Rafael Antonio Castro y José Arsenio Nolasco decidió no dar la “razón completa” a ninguna de las partes: absolvió tanto al Fondo como a la asociación de “supuestos incumplimientos” y reestructuró las obligaciones del contrato. La red de infocentros debería ampliarse hasta 45, con uno ya instalado y cuatro por instalarse en el periodo de un año.

Al mismo tiempo, imponía al Fondo la entrega de un millón de dólares y eximía a la asociación de la devolución del préstamo. En definitiva, el Fondo completó la entrega de los $10 millones de dinero público comprometidos mientras que la entidad privada rebajó sus obligaciones a menos de la mitad.

Uno de los argumentos de la asociación fue que había alrededor de 1,000 cibercafés, por lo que su capacidad de negocio era inferior a la prevista. Cabe preguntarse cómo tales cibercafés, sin apoyo de ningún fondo, eran competitivos, mientras que los infocentros creados a partir de un crédito de $9 millones no tenían tal capacidad.

Después del laudo de 2004, el patrimonio de la Asociación Infocentros ya era de 2,315,895 dólares y, aunque se finalizó el crédito del Fondo, continuó su vinculación con el FDSGR y el BMI a través de la “Red del Desarrollo”, sin olvidar la financiación recibida por parte de otros organismos como el Ministerio de Educación (MINED).

La falta de seguimiento y fiscalización fue una constante durante aquellos años. La asociación nunca entregó al Fondo “un informe detallado del presupuesto de gastos… que le permitiera a este último identificar cuál iba a ser el uso específico de los dineros que se estaban entregando”, según se desprende de un informe elaborado en 2003 por Diego Fernando Garzón Charris. Por su parte, el texto del BCR manifiesta que hubo “falta de seguimiento de las obligaciones” establecidas por el laudo.

En agosto de 2008, se decide el cierre de la asociación, que se hace efectiva en marzo de 2009. Se constituyó en ese año la asociación “Conexión al desarrollo”, que desde entonces administra los infocentros no cerrados (aunque con distinto nombre).

Si a los encargados de la Asociación Infocentros y el Consejo de Administración del Fondo se les supone buena voluntad, hay que reconocerles nefasta capacidad de gestión, administración y previsión. Si por el contrario, les suponemos mala fe, parecería que aprovecharon sus cargos para beneficiarse personalmente de fondos públicos.

 

Entre la ética y la legalidad

En el contexto de campaña electoral previa a los comicios de marzo de 2009, la Junta Directiva presidida por Nicola Angelucci decidió el cierre de la Asociación Infocentros. En consecuencia, los nueve centros comunales restantes (‘infocentros’) se transfirieron a otra organización conformada por personal que había laborado en infocentros. La asociación ya cerrada impidió realizar una auditoría, a pesar de los intentos del Fondo, contribuyendo así a la falta de transparencia que rodeó buena parte del proyecto.

De no haber intervenido el tribunal de arbitraje, a principios de 2010 la asociación debería haber pagado el préstamo y tenido 100 infocentros en funcionamiento y de manera sostenible. No fue así. Ante la falta de auditorías y seguimiento durante su ejecución, toca evaluar a posteriori el uso que la entidad privada dio a los mencionados fondos públicos.

El infocentro más caro habría sido el de Ahuachapán (con una inversión de $93,138) y el más económico habría rondado los 21,000 dólares, según un informe elaborado en 2003 por Diego Fernando Garzón Charris. En él se asegura que llaman la atención ciertas “inversiones en equipos de cómputo en algunos infocentros, dado que están por encima del promedio”.

Se podría concluir, en consecuencia, que una mejor gestión de los recursos del Fondo habría permitido abrir más infocentros y dar mejor cumplimiento a las obligaciones del contrato inicial. El monto de $10 millones equivaldría, por ejemplo, a proporcionar el “Vaso de leche” a 5,000 centros escolares o a más de un millón de estudiantes durante un curso escolar completo.

El exsecretario de la Asociación, Rafael Ibarra, respetado referente nacional en la promoción de medios electrónicos, hace una evaluación positiva del impacto del proyecto y argumenta que considerando el momento en que se implementó, éste agregó valor social al país, ya que contribuyó a "popularizar el acceso a las nuevas tecnologías".

Ibarra explica también que los costos fueron mayores debido al pago de licencias de los programas empleados y el alquiler de los locales. No obstante, considera que el proyecto poseía “rentabilidad social y no rentabilidad financiera” y asegura que desde esta perspectiva social el crédito "se pagó completamente, pero en especie".

Para Marcos Rodríguez, Subsecretario de Transparencia del actual gobierno, es admisible discutir sobre la utilidad social que este proyecto tuvo en su momento. Pero también señala que debe aceptarse por lo menos que la evaluación de Ibarra no es consistente con el texto del contrato entre Fondo y Asociación, cuando afirma que “la gestión del proyecto será realizada por una entidad privada que funcionará bajo criterios netamente empresariales” y, en consecuencia, exigía un nivel de rentabilidad económica que por lo menos permitiera pagar el préstamo sin intereses.

Rodríguez afirma también que una eventual valoración positiva del impacto del proyecto no es suficiente para justificar la posible vulneración de procedimientos administrativos y éticos, como parece resultar de los hechos referidos.

En definitiva, depende del sistema judicial determinar los delitos que posiblemente se cometieron en el “caso Infocentros” y a la ciudadanía corresponde conocer y evaluar lo sucedido.


Esta nota fue publicada origialmente por Transparencia Activa el 4 de marzo de 2013.