Ministra de Trabajo llama a sindicato a continuar negociación de contrato colectivo sin afectar a la población

Por Daniel Trujillo | 11 de septiembre de 2018

La ministra Sandra Guevara afirmó que está en total disposición de que el contrato colectivo de trabajo avance, pero debe cumplir los requisitos necesarios para su aprobación.

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Conferencia mtps

La ministra de Trabajo y Previsión Social, Sandra Guevara, llamó al Sindicato de Trabajadores de la institución gubernamental (SITRAMITPS) a continuar negociando la suscripción del contrato colectivo, pero que los agremiados levanten la suspensión de labores que ha afectado a la población usuaria.

“La acción que está realizando el SITRAMITPS es ilegal, se han tomado todas las oficinas a nivel nacional, afectando a más de 3,000 personas que hacen uso de los servicios”, afirmó la funcionaria en conferencia de prensa.

El proceso de revisión del contrato colectivo finalizó el 22 de agosto de 2018, y actualmente, se encuentra dentro de los plazos establecidos en el artículo 119 de la Ley del Servicio Civil. 

De acuerdo a dicha normativa, el mecanismo demanda contar con la opinión favorable del Ministerio de Hacienda para proceder a su aprobación, ya que las y los titulares deben realizar las consultas necesarias en materia de los presupuestos comprometidos, las cuales se están desarrollando actualmente.

La ministra Guevara afirmó que está en total disposición de que el contrato de trabajo avance, pero debe cumplir los requisitos necesarios para su aprobación.

“La acción que está realizando el SITRAMITPS es ilegal, se han tomado todas las oficinas a nivel nacional, afectando a más de 3,000 personas que hacen uso de los servicios”, subrayó la titular.

Añadió que el proceso de revisión del contrato colectivo se encuentra en los plazos establecidos en la Ley de Servicio Civil, ordenando a la titular contar con la opinión favorable del Ministerio de Hacienda, condición sin la cual no debe proceder a su aprobación.

También, el Ministerio de Hacienda, de acuerdo a esta normativa, tiene 90 días para responder, estando el monto presupuestario solicitado, sujeto a los ajustes que este ente rector considere pertinente.