Pese a denuncias del gobierno, nadie ha sido condenado en los últimos cinco años por enriquecimiento ilícito

Por Redacción | 19 de septiembre de 2013

Pese a denuncias hechos por el gobierno de presuntos casos de corrupción, estadísticas de la Corte Suprema de Justicia afirman que en el país no hay ningún condenado por enriquecerse ilegalmente. De 2007 a 2009 los tribunales procesaron a diez personas por este delito de corrupción, pero ninguno de ellos llegó a la fase de sentencia. Expertos en el tema afirman que la ley debe reformarse, porque exige pruebas contundentes para condenar a alguien a la cárcel.

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Juzgados 2

[caption id="attachment_26539" align="alignnone" width="600"] Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia indican que en los juzgados del país no se ha condenado a nadie por el delito de enriquecimiento ilícito en los últimos cinco años. (Foto: Transparencia Activa)

Pese a denuncias hechos por el gobierno de presuntos casos de corrupción, en los últimos cinco años los juzgados del país no han condenado a nadie a la cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito, según indican las estadísticas de la Dirección de Planificación Institucional (DPI) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Solo entre 2007 y 2009, los tribunales procesaron a diez personas por este tipo de corrupción, pero ninguno de ellos llegó a la fase de sentencia, detallan los documentos de la Corte.

Mientras que de 2010 a 2012  a los juzgados no se presentó ningún caso, especifican los informes proporcionados por la Unidad de Acceso a la información Pública (UAIP) del órgano de Estado a Transparencia Activa, a través de una solicitud.

En 2007, las instancias de paz juzgaron a un imputado a quien le dieron sobreseimiento definitivo. En la fase de primera instancia se conoció nada más un caso, cuya resolución no se especifica.

Para el 2008, en los tribunales de paz había cuatro imputados por enriquecimiento ilícito. A dos se le dieron el sobreseimiento definitivo y a los restantes el sobreseimiento provisional. Los juzgados de primera instancia no reportaron ningún caso.

En 2009, se registraron cuatro casos en los que los jueces de paz dictaron desestimación a dos sospechosos; y, los de primera instancia, en uno ordenaron suspensión condicional del procedimiento y en el otro hay resolución pendiente.

Según la información de la UAIP, en 21 juzgados consultados no se registran casos por enriquecimiento ilícito a partir de 2010.

El informe de la Asamblea sobre el caso ENEL recomienda a la Fiscalía investigar al expresidente Francisco Flores por corrupción.

Actualmente, hay tres exfuncionarios señalados por la Asamblea Legislativa quienes posiblemente cometieron este crimen: el expresidente de la República, Francisco Flores; el exministro de Economía, Miguel Lacayo; y, el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Guillermo Sol Bang.

El informe preliminar del Congreso sobre la investigación del caso ENEL le recomienda a la Fiscalía General investigarlos por este delito de corrupción, ya que se detectaron irregularidades en la suscripción del contrato entre el Gobierno y la empresa italiana ENEL GREEN POWER.

Sin embargo, en el país no ha existido ninguna sentencia por enriquecimiento ilícito, según lo indica el más reciente informe de autoevaluación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) presentando en marzo del año pasado por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción (SSTA) del Gobierno.

Transparencia Activa intentó entrevistar al director de la DPI, Camilo Guevara Morán, el responsable de las estadísticas judiciales, la unidad de comunicaciones de la CSJ gestionó el encuentro, pero explicó que él no podía conceder una entrevista sobre el tema, ya que su trabajo se limitaba a la recolección de datos.

Caso difícil

Comprobar el enriquecimiento ilícito es difícil, aseguró el director de la Oficina de Fortalecimiento, Control Interno y Auditoria (OFCIA), Manuel Cruz, de la SSTA, ya que la actual ley que combate este delito estipula condiciones estrictas para comprobarlo.

El artículo siete de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, indica que se presume que el delito se realiza cuando “el aumento de capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuera notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente…”.

Cruz afirmó que la ley es antigua porque data de 1959, no da las herramientas necesarias para investigar este crimen de corrupción y es ambigua porque no establece claramente cuándo un funcionario puede enriquecerse notablemente sin justificación alguna.

El asesor jurídico de la SSTA, Aquiles Parada, explicó que el mismo cuerpo normativo es un factor determinante para que no existan procesos penales por el delito de enriquecimiento ilícito.

“El contenido de la ley y el procedimiento ahí establecido (para procesar a alguien por este delito) entran en conflicto ya que se puede interpretar que el procedimiento administrativo debe agotarse antes de proceder penalmente por el delito de enriquecimiento ilícito, lo cual a mi criterio no es así, pero puede alegarse de esa forma por los investigados”, dijo Parada.

El abogado afirmó que debe fortalecerse la Dirección de Probidad, ya que esta unidad es la encargada de recopilar y analizar las declaraciones de patrimonio de los funcionarios, quienes están obligados por la ley a hacerlo.

Para Parada, la entidad de la Corte Suprema no cuenta con los recursos necesarios para realizar esta tarea “tomando en cuenta el universo de sujetos obligados” y asegura que la legislación que combate el enriquecimiento ilícito debe actualizarse urgentemente.

La Asamblea Legislativa, en su informe parcial de la investigación del contrato CEL-ENEL, recomendó a Probidad investigar la variación del patrimonio de Flores, Lacayo y Sol Bang, así como de los exsuperintendentes generales de Electricidad y Telecomunicaciones, José Luis Trigueros y Ernesto Lima Mena, por un posible enriquecimiento ilícito.