Organizaciones sociales perciben retroceso en trabajo de Procuraduría de Derechos Humanos

Por Redacción | 27 de septiembre de 2017

Diversas organizaciones proderechos humanos ven una pérdida del rumbo de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), en el primer año bajo el mandato de su actual titular Raquel Caballero.

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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Tutela Legal “María Julia Hernández”, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local; Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, y otras organizaciones de sociedad civil lamentaron lo una “pérdida del rumbo” de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), en el primer año bajo el mandato de su actual titular, Raquel Caballero.

“Consideramos que hay un retroceso en la atención y protección de los derechos humanos de los y las salvadoreñas, pareciera ser que la señora procuradora está más encaminada a atender y proteger a agentes del Estado cuando la misma Constitución establece que ella debe de proteger a los particulares a las ciudadanas y ciudadanos” señaló el director ejecutivo de FESPAD, Saúl Baños.

Las organizaciones señalaron la falta de cumplimiento de compromisos adquiridos por parte de la funcionaria, como el caso de los principios de París, pues no ha promovido ni supervisado eficazmente la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos en el país.

Asimismo, denunciaron la falta de seguimiento a las mesas temáticas, conformadas por distintas organizaciones sociales y señalaron que, durante este primer año, la titular se ha mantenido alejada de las comunidades y organizaciones sociales, especialmente con las relacionadas a la comunidad LGTBI.

Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos señala que “hay una falta de acompañamiento que la procuradora ha tenido con las mujeres defensoras de derechos humanos, que hemos estado enfrentando procesos de criminalización, procesos de hostigamiento y distintos procesos de riesgo, llámese por ejemplo los procesos de criminalización contra defensoras ambientalistas, de población LGTBI y a quienes defendemos derechos humanos de las mujeres”.

Por otro lado, los representantes de las distintas organizaciones también criticaron los constantes conflictos con empleados de la institución y especialmente con los miembros del Sindicato de Empleados y Empleadas de la PDDH (SEPRODEHES), por el incumplimiento del contrato colectivo; esto sin olvidar los despidos arbitrarios y carentes de un debido proceso realizados a pocos días de haber tomado posesión de su cargo.

También se menciona en el informe de gestión el cierre sorpresivo de tres delegaciones de la PDDH en Metapán, en Santa Rosa de Lima y en Soyapango, bajo el argumento de ahorro financiero.

Al cerrar esas oficinas, según las organizaciones, la institución dejó suspendidos diversos programas de tutela de derechos, orientación, promoción, capacitación y organización de los habitantes de las ciudades señaladas y los municipios vecinos –especialmente de grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, trabajadores agrícolas, pobladores, adultos mayores, personas con discapacidad y de la diversidad sexual– que eran atendidos desde las sedes cerradas, disminuyendo la cobertura territorial de la PDDH y contribuyendo a disminuir la presencia de las instituciones del Estado en los territorios, valora el informe.

Otro señalamiento a la procuradora Caballero es la discrecionalidad para atender algunos casos como por ejemplo la falta de atención a sectores LGBTI o colectivos feministas que apoyan la despenalización del aborto.

“Pero sí le ha dado prioridad al abogado de una exprimera dama que está siendo procesada y el 12 de octubre de 2016, también la Procuradora recibió en su despacho al empresario Enrique Rais, quien interpuso una denuncia en la que indica que, a su criterio, se cometieron varios actos arbitrarios en torno a su caso y en su captura del 22 de agosto de 2016. Rais, es acusado de fraude ideológico, fraude procesal y cohecho propio. Actualmente es prófugo de la justicia”, criticaron las organizaciones.

Entre otras cosas, las organizaciones sociales consideran que la titular de la PDDH ha centrado sus esfuerzos en temas mediáticos poco sustanciosos para su labor: al inicio de su mandato se centró en proponer cambiar el nombre a la institución y llamarla Defensoría del Pueblo, cuando se sabe que para realizar tal acción es necesaria una reforma constitucional.

Mientras hay temas de país que no ha querido asumir, se entretenía con temas insustanciales como celebrar cultos en instalaciones de la PDDH, lo que a todas luces va en contra de la laicidad del Estado salvadoreño. Así mismo, Raquel Caballero de Guevara, atendiendo al movimiento “Cambio de Nombre”, que le presentó una propuesta para cambiar el nombre al centro turístico “Puerta del Diablo” a “Puerta de Jesús” promovió la iniciativa. Estos casos han provocado críticas y hasta burlas, en distintas redes sociales.

Las organizaciones llamaron a un cambio de actitud de la Procuradora, pues de no hacerlo señalan que buscarán los mecanismos establecidos en la Constitución para solventar la situación.

“Lo que nosotros estamos solicitando, creemos que aún es tiempo, es que ella pueda enrrumbar el trabajo que debería estar haciendo en la Procuraduría, y de no hacerlo, obviamente como organizaciones de Derechos Humanos vamos a presionar” puntualizó el director ejecutivo de FESPAD.

Ver evaluación de la PDDH por parte de las organizaciones de sociedad civil en el siguiente link: http://fespad.org.sv/wp-content/uploads/2017/09/evaluaci%C3%B3n-PDDH-26-09-2017.pdf