Personal archivo FAES: podría existir más información en otras unidades castrenses sobre El Mozote

Por José Mejía | 21 de febrero de 2018

Dos conclusiones principales dejó la audiencia y testimonios del pasado viernes en el Juzgado Primero de Segunda Instancia de San Francisco Gotera, en la que declararon dos oficiales responsables de algunos archivos militares en la estructura de la Fuerza Armada actual. Según los dos oficiales hay más información y el Alto Mando de la época tuvo que conocer operativo de la masacre.

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Tanto el jefe del C-1 Personal de la Fuerza Armada, José Rolando Morales Belloso, como Noé Pineda Martínez, jefe de Archivo General de la Fuerza Armada confirmaron al juez Jorge Guzmán Urquilla que “en el archivo general de la Fuerza Armada hay información que en su momento el Batallón Atlacatl remitió al Estado Mayor Conjunto”, aunque puede haber más información en otras unidades sobre operativos en los que participó dicho batallón.

El abogado acusador David Morales opinó que “han dado un aporte importante, porque son dos jefes militares -no los únicos- pero son los que condujeron el proceso de búsqueda de información requerida por el juez (desde 2016) a la Presidencia de la República que ha sido reportada como no localizada en su mayoría por parte de la FAES”. De manera que “conocer cómo se realizó esa búsqueda, con qué metodología, en qué lugares se buscó, conocer sus mandatos y áreas de intervención ayuda al proceso de búsqueda y recolección de más información al proceso”, aseguró Morales.

Tanto el coronel Morales Belloso como el mayor Pineda Martínez aseguraron no tener conocimiento, ni experiencia, ni formación especializada sobre resguardo y gestión de archivos, desconocen desde cuándo exactamente hay información de la FAES en las estructuras que ellos dirigen; Uno está desde 2016 y otro desde 2017, y desde entonces aseguran que se han realizado sólo dos “expurgaciones” (depuración y destrucción de información) con participación del Archivo General de la Nación para determinar si no se desecha información con valor histórico, aunque desconocen qué información fue la que se depuró y destruyó.

Los militares de carrera, también aclararon conceptos de la doctrina militar y por qué hay información no registrada en las hojas de servicio de los oficiales que se requirió información, que da elementos importantes para ampliar la búsqueda de la misma.

Con la aclaración de conceptos importantes como la realización de una “campaña” y “operaciones especiales”, aseguraron que tienen que ser autorizadas desde el más alto nivel, desde la comandancia general del Estado Mayor y por supuesto el Ministro de Defensa.

Este último punto es importante para los abogados acusadores ya que el exministro, Guillermo García, es un elemento clave por su imputación en la responsabilidad de la masacre.

Las intervenciones de los oficiales del Archivo General de la FAES fueron aclaratorias y muy importantes para entender el funcionamiento en general y resguardo de este tipo de archivos militares. “Información histórica, relevante para el caso podría existir y se tienen más posibilidades de fortalecer las pruebas documentales” señaló el abogado acusador.

Morales detalló que entre los documentos que Presidencia le entregó al juez están los historiales de nombramientos y traslados que tuvieron los imputados en su época de alta en el ejército, las hojas de servicios o expedientes personales de la mayoría, no de todos.

Para los abogados acusadores las conclusiones más importantes son que ”la información es incompleta pero siguen abiertas las oportunidades de buscar en los amplios archivos de la Fuerza Armada, que con las declaraciones de los militares ha quedado claro que no sólo cuentan con los Archivos del Estado Mayor, sino que hay archivos en todas las unidades militares, donde puede existir información esencial sobre la ejecución de la masacre”.

Si bien es cierto que los oficiales no fueron testigos de los hechos, sus declaraciones dejan claro que la doctrina militar establece que este tipo de operaciones, campañas militares, planes de guerra y operativos de gran envergadura no se pueden desarrollar sin conocimiento ni autorización de los Altos Mandos de la Fuerza Armada.

Por eso, Morales añadió que no es ningún secreto que la “Operación Rescate” en la cual se perpetra la matanza de El Mozote y sitios aledaños por el Batallón Atlacatl fue una operación de tales características que tuvo necesariamente que haber sido autorizada y supervisada por el Estado Mayor de la Fuerza Armada y del señor Ministro de Defensa”.

“Un operativo de estas características siempre tiene un seguimiento del Estado Mayor General y esto se agrava porque aunque fue pública la perpetración de la masacre, un escándalo en dos importantes periódicos de los Estados Unidos, donde hubo denuncias nacionales e internacionales, el exministro García y los demás miembros del Estado Mayor, jamás promovieron una investigación, lo cual es otro elemento que evidencia su responsabilidad”, aclaró Morales.

Además, asegura Morales, en aquella época ese pequeño grupo dentro de la FAES ejercía el poder político y militar, gobernando prácticamente el país por décadas.

Concluyó que “no se trata de desprestigiar a la Fuerza Armada como institución. Quienes cometieron estos abusos fueron un grupo de poder dentro de la Fuerza Armada que en aquella época abusando de sus cargos y del alto poder fáctico que tenían, más la falta de controles democráticos, perpetraron todos estos crímenes. En la medida que investiguemos quiénes fueron los responsables el señalamiento caerá sobre los responsables y no sobre la Fuerza Armada en general. Estos procesos devolverían el honor, la fortaleza de la institución castrense y limpiarían su nombre. Mientras no haya investigación el señalamiento injustamente sería contra la Fuerza Armada”.

Por eso, desde el año 2006 acusamos al Alto Mando de la Fuerza Armada aseguró Morales. El exministro García está acusado desde entonces, bajo la salvedad que en ese momento lo protegió la declarada inconstitucional Ley de Amnistía.

El abogado defensor Néstor Pineda Meléndez piensa por el contrario que las declaraciones de los militares encargados del Archivo en la que explicaron y señalaron que ninguna campaña militar de grandes dimensiones se podría realizar sin la autorización del Alto Mando del Ejército, “sólo fue una explicación ilustrativa con vocabulario técnico militar. La campaña militar de 1980 hasta los Acuerdos de Paz es en relación a todo el conflicto que acaeció en El Salvador y no a operaciones militares específicas o a campañas militares específicas, en ningún momento se refirió a la campaña de El Mozote”, aseguró el abogado.