Presidente se suma a petición para que Corte Suprema agilice resolución sobre frecuencias

Por Marcos Rodríguez | 15 de abril de 2015

Debido a que en los años 2016 y 2017 finalizan las concesiones del espectro radioeléctrico, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, pedirá a la Sala de lo Constitucional celeridad en la resolución sobre la asignación de frecuencias y el método de subasta pública.

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El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, le solicitará a la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), celeridad en la resolución sobre las concesiones del espectro radioeléctrico la cuales, de acuerdo a la Ley General de Telecomunicaciones, finalizan entre 2016 y 2017.

“Necesitamos comenzar a trabajar en este tema desde ya. Para nosotros es importante que las concesiones no solo sean al sector privado, deben haber concesiones al sector público, a las radios comunitarias”, manifestó el mandatario, a la vez que afirmó que las gestiones se realizarán a través del diálogo y respetando la autonomía de la Sala.

“Lo vamos a hacer conversando, platicando, no vamos a imponer nada, haremos nuestra interpretación de la Ley y sobre esa interpretación actuaremos”, dijo Sánchez Cerén.

A inicios de esta semana, varias organizaciones le pidieron a la CSJ agilizar discusión sobre Ley de Telecomunicaciones.

“Nosotros criticamos que la Sala actúe con mucha rapidez en otras demandas que quizás son importantes también, pero que está dejando de lado esta y por eso venimos a dejar esta carta para que agilice esta demanda que lleva más de un año”, señaló Leonel Herrera, director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS).

Los demandantes pidieron a la Sala de lo Constitucional agilizar la discusión del proceso 65-12 que contiene dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones.

La primera demanda impugna los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 100 de la referida ley que establecen la subasta al mayor postor como único mecanismo para asignar frecuencias del espectro radioeléctrico, violentando de esta manera los principios constitucionales de igualdad, libertad de expresión, orden económico con justicia social, prohibición de prácticas monopólicas y prevalencia de tratados internacionales sobre leyes secundarias, contenidos en los artículos 3, 6, 101, 110 y 144 de la Constitución, respectivamente.

Esta demanda fue presentada el 23 de agosto de 2012 y admitida el 14 de diciembre del mismo año. El 16 de mayo de 2014 en el marco de una cuestionada subasta de frecuencias que pretendía realizar la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) dirigida en ese entonces por Ástor Escalante, se emite la medida cautelar de suspender las subastas.

Una segunda demanda contra los artículos 15 inciso primero, 115 inciso segundo, 118 inciso segundo y 126 inciso segundo de la Ley de Telecomunicaciones, se presenta el 9 de abril de 2014, admitiéndose hasta el 20 de junio del mismo año, acumulándose a la primera para ser resueltas las dos en una misma instancia.

Esta última demanda cuestionaba el carácter de bien privado de las frecuencias radioeléctricas que permite la mercantilización de estos bienes públicos, la renovación automática de las concesiones radioeléctricas que deriva en una “eternización” indebida de la misma, la falta de límites antimonopólicos que genera concentración de la propiedad mediática, el uso ineficiente del espectro radioeléctrico con anchos de banda que impiden crear nuevas frecuencias y la falta de reconocimiento de los medios públicos, privados y comunitarios.

Tales disposiciones violentan –además de los principios constitucionales aludidos en la primera demanda– aspectos fundamentales del régimen de concesiones estatales contenidos en el artículo 120 de la Constitución.

Juan Carlos Sánchez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que el propósito de las demandas es contribuir a hacer efectiva la democratización de las comunicaciones a través de la construcción de un marco normativo democrático, incluyente y transparente que propicie una mayor diversidad de medios públicos, privados y comunitarios para garantizar el pluralismo social, político y cultural de nuestra sociedad.

Las disposiciones impugnadas impiden que todos los sectores del país participen en igualdad de condiciones en la deliberación democrática y que sus intereses cuenten en la construcción de la agenda que pública.

Las organizaciones demandantes quisieron retomar el compromiso del magistrado Florentín Meléndez quien el año pasado se daba como tope el 16 de mayo de este año para emitir una sentencia definitiva al respecto.

Aseguran que la pronta resolución de inconstitucionalidad en los artículos de la Ley de Telecomunicaciones señalados propiciaría un auténtico proceso de reforma al marco normativo de las comunicaciones acorde con los principios constitucionales, tratados internacionales y nuevas realidades tecnológicas en materia de comunicación.