¿Quiénes son los principales protagonistas en el caso Infocentros?

Por Redacción | 07 de octubre de 2016

Entre los integrantes de la junta directiva del BMI, entidad que proporcionó el dinero a Infocentros, estaban Roberto Francisco Simán Siri, Ricardo Hill Argüello, Gino Rolando Bettaglio, Carmen Regina de Arévalo, Eduardo Funes Hartmann, Mercedes Llort de Wise, Roberto Rivera. Mientras, en el caso de Infocentros, la entidad que se benefició con un préstamo de $10 millones a cero por ciento de intereses, los directivos eran Fabricio Altamirano, Francisco de Sola, Cecilia Gallardo de Cano, Cristina Evelyn Courtright Raht, Salvador Ricardo Samayoa Leiva, entre otros. Este caso lo investiga la Fiscalía General de la República y es uno de los más de 150 casos de corrupción que presentó el gobierno del expresidente Funes.

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Nicola Angelucci, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) y expresidente de la asociación Infocentros, así como Sigfredo Armando Figuora, exdirector ejecutivo de la referida entidad, son procesados actualmente por peculado y negociaciones ilícitas  por malversación de unos $6 millones.

La asociación Infocentros recibió entre 1999 y 2009 cerca de $16 millones de varias instituciones gubernamentales, principalmente del BMI.

Los responsables de aprobar el traslado de fondos del BMI a Infocentros, aparte de Angelucci como titular de la institución, eran los miembros de la junta directiva, compuesta por representantes de bancos y financieras, así como de los ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura, Hacienda y Economía.

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Entre las personas que formaron parte de la entidad se encuentran la exministra de Economía, Yolanda Mayora de Gavidia –quien al momento de estar en la junta era directora suplente del Ministerio de Relaciones Exteriores–; Roberto Francisco Simán Siri, Ricardo Hill Argüello, Gino Rolando Bettaglio, Carmen Regina de Arévalo, Eduardo Funes Hartmann, Mercedes Llort de Wise, Roberto Rivera, entre otros.

Según una auditoría del Banco Central de Reserva (BCR), al mismo tiempo que Angelucci era titular del BMI fungía como presidente de Infocentros y se aprovechó de su cargo como funcionario del BMI para que la asociación obtuviera el dinero durante casi 10 años.

El documento del BCR indica también que Infocentros tenía una junta directiva y la integraban hasta un máximo de siete personas, según lo estipulaban sus estatutos, mismos que ordenaban que debieran ser fundadores de la entidad.

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Entre los que conformaron la institución estaban el mismo Angelucci, Fabricio Altamirano, propietario de El Diario de Hoy; la exministra de Gavidia, Francisco Ricardo Roberto de Sola Hebard, María Cecilia Gallardo de Cano, Rafael Antonio Ibarra Fernández, Cristina Evelyn Courtright Raht, Salvador Ricardo Samayoa Leiva y Mirna Graciela Liévano de la Torre de Marques.

Sin embargo, el periódico digital Diario 1 publicó a finales de septiembre que el apoderado legal de Liévano de la Torre de Marques presentó un escrito a la Fiscalía General de la República (FGR) donde explica que si bien era parte de la junta directiva de Infocentros, ella renunció a eso y a todos los compromisos que tenía en El Salvador, pues se fue del país a trabajar a Estado Unidos.

Luego, se realizó una reestructuración de la entidad y, sin ser fundador de Infocentros, se nombra a Nicola Ernesto Angelucci Silva como presidente y Francisco de Sola pasa al cargo de director presidente sustituyendo a Gallardo de Cano en el puesto.

“El Ministerio de Gobernación inscribe a la nueva junta sin verificar el cumplimiento de los estatutos”, reza parte de la auditoría del BCR.

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El documento detalla también que en el año 2000, el actual propietario de El Diario de Hoy, Fabricio Altamirano, se incorporó a la junta directiva siendo segundo vocal; también, aparece Rebeca Arias como segundo vocal.

Según la auditoría del Banco, la junta directiva de Infocentros no mantenía apropiados registros de sus acuerdos hasta el año 2002 y no prestó a los auditores externos sus acuerdos desde el 2006.

Otras irregularidades detalladas y plasmadas en el documento indican que los asociados no dieron ningún capital para la ejecución de los proyectos de la asociación, además de incumplir los propios reglamentos y que las notas de los estados financieros auditados presentan diferentes juntas directivas.