Tribunal pide a Fiscalía investigar a Juntas Directivas del BMI en caso INFOCENTROS

Por Redacción | 13 de marzo de 2019

Una vez conocido el fallo por el delito de peculado atribuido a Nicola Angelucci, expresidente del BMI y de la Asociación INFOCENTROS que lo condenó a 10 años de cárcel y devolver $6.1 millones como condena civil, el Tribuna Tercero de Sentencia consideró extraño que la Fiscalía haya enfilado la acusación sólo contra Angelucci, cuando las decisiones para sustraer fondos públicos eran avaladas por la Junta Directiva del BMI en conjunto, por lo que pidió investigar a dichos miembros que fueron parte de esa estructura entre 2002 y 2009.

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Representación fiscal en audiencia probatoria de caso BMI-INFOCENTROS. (Foto: José Mejía)

“Me causa una gran extrañeza por qué investigar a esta persona y no a los demás”, afirmó Heysel Peraza, presidenta del Tribunal y que razonó su voto al final de la lectura de la sentencia por este caso.

Desde el principio de la lectura del fallo, la jueza Rosa Hernández acreditó varios hechos irregulares que se dieron en la relación BMI-INFOCENTROS y en las que ni la Junta Directiva del Banco, ni el mismo Angelucci pusieron reparo. Sobre ello señaló que “se ve dolo en el Presidente del BMI y la desidia de la Junta Directiva del Banco, quienes no se percataron del fraude a los intereses del Banco. Si el resto de la Junta no se percató de estas irregularidades, desde ya se le va delegando a la Fiscalía General de la República de que se investigue a los demás miembros de la junta directiva del BMI” que acompañaron las decisiones de Nicola Angelucci en los hechos fraudulentos.

“Qué pasó con el resto de los miembros que componían la Junta Directiva. Extraña a los juzgadores que la Fiscalía no haya ejercido la acción penal por lo que a partir de este momento se pone a disposición de la FGR todas las piezas (del proceso contra Angelucci y Figueroa) para que investigue, y si hay personas que resulten responsables por cualquier otro ilícito, inclusive por peculado, que también ejerza la acción penal, porque extraña que sólo se haya acusado al Presidente del BMI y al señor Sigfredo Figueroa”, afirmó Hernández.

Para la Presidenta del Tribunal, aunque no acompañó la decisión de condenar a Angelucci por peculado, sí quedó también patente el hecho de que éste no pudo actuar sólo al decidir como Presidente del BMI autocontratarse prestando los servicios de INFOCENTROS, teniendo en cuenta que hay actas del BMI firmadas por toda la Junta Directiva aprobando las decisiones de Angelucci.

La suscrita jueza no coincide en la tipificación del delito de peculado en contra de Angelucci, ya que “no considera que él tuviera el dominio de todas estas actuaciones irregulares”, teniendo en cuenta que las pruebas documentales que se presentaron al tribunal dieron cuenta que las actas donde se tomaban las decisiones de suscribir los convenios para la erogación de fondos públicos estaban firmadas no sólo por Angelucci, sino por el resto de la junta Directiva del BMI.

“Es decir, que en ningún momento se ha demostrado que Nicola Angelucci tenía el dominio y manipulación de toda la junta directiva”, y siendo así “no veo que esté aquí presente o que se haya investigado a todos los directivos del BMI”, cuestionó Peraza.

Debido a que en el proceso BMI-INFOCENTROS las acusaciones se enfilaron sólo contra Angelucci, el Tribunal recomendó a la representación fiscal “continuar con las investigaciones para ver si se ha incurrido en posibles delitos por parte de los demás integrantes de las diferentes Juntas Directivas del BMI que estuvieron entre el año 2002 y 2009”.

El caso se dio se dio a conocer por un aviso interpuesto ante la Fiscalía General de la República el día 18 de marzo de 2011, por el entonces representante legal del Fondo Especial de los Recursos provenientes de la privatización de ANTEL (FANTEL), Alex Segovia Cáceres.

En el proceso judicial, el tribunal acreditó como prueba en el proceso, que Nicola Angelucci Silva fue presidente del BMI, así como de la Asociación INFOCENTROS en el mismo período que se dio el delito de peculado continuado, es decir, sustracción indebida de fondos públicos para pago de servicios no prestados.

En su calidad de presidente del BMI autorizó, suscribió y en algunos casos administró contratos de prestación de servicios hacia INFOCENTROS del que él mismo era el representante legal, sin pasar por procesos de licitación establecidos por la LACAP.

Dentro de las pruebas documentales acreditadas en este proceso, también se dio a conocer que 263.60 colones o $30.00 fue el patrimonio con el que se constituyó la Asociación INFOCENTROS, y que cuando suscribió el convenio con el BMI no contaba con infraestructura ni patrimonio suficiente para asumir los compromisos que debía cumplir con el banco estatal.